Diálogo con hambre ¡no dura!

Jesús Alexis González.- Estimamos pedagógicamente necesario, iniciar el artículo puntualizando que mediación es un proceso voluntario donde dos o más partes involucradas en un conflicto trabajan con otra persona imparcial denominada mediador  encargada de intervenir en un enfrentamiento entre partes para ayudarlos a encontrar una solución; a tenor de ello, ha de asumirse que la Santa Sede en la persona de Monseñor Claudio María Celli (enviado especial del Papa Francisco) no es mediadora sino ¡acompañante! de buena fe en el marco de un diálogo nacional que debe emanar de la sincera voluntad del gobierno nacional de retomar el sendero constitucional. Es así, que L. Almagro en su condición de Secretario General de la OEA expresó (05/11/16) que la tarea de mediación de la organización es convencer al Gobierno que respete la Constitución y reactive el proceso del referendo revocatorio, sin entrar a mediar entre el Gobierno y la Oposición; en un enfoque diametralmente distinto al sostenido (03/11/16) por un alto vocero “oposicionista” quien señaló que “algunos dirigentes opositores mienten al asegurar que para el 11/11/16 habrá una solución surgida del diálogo entre el Gobierno y la oposición”; negando que en la transversalidad de un verdadero diálogo se pueden alcanzar alternativas constitucionales en aras de parar la caída del hecho socioeconómico por el despeñadero. En la misma fecha, el presidente N. Maduro afirmó: “vienen dos años vitales, y yo ratifico al pueblo mi juramento: los años 2017 y 2018 me voy a dedicar a cuerpo entero a trabajar por la recuperación económica, la felicidad social y la estabilidad política. Así lo voy a hacer. Ni nada ni nadie me va a detener” (¿?); secundado en su “planteamiento” por un miembro de la cúpula del PSUV (05/11/16) que sostuvo no verle futuro al diálogo con la oposición incluida la posibilidad de adelantar unas elecciones generales en 2017.

En concordancia con el tradicional populismo gubernamental chavista, como una estrategia para intentar mantenerse en el poder en momentos que los rechaza más del 85% de la población, N. Maduro anunció (27/10/16) con vigencia a partir del 01/11/18 un aumento “nominal” del salario mínimo integral SMI  (el número 14 de su mandato y el 36 del chavismo) desde Bs 22.576 a Bs 27.091 en el salario mínimo (20%) mientras que el bono de alimentación vario desde 8 UT a 12 UT desde Bs 42.480 a Bs 63.720 (50%) hasta alcanzar dicho SMI  un total de Bs 90.811 (la remuneración al trabajo apenas representa el 30%); configurando un doble impacto negativo tanto por el lado del trabajador al no considerar el cesta ticket para la acumulación de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y otros beneficios, como por el lado del sector productivo nacional que debe asumir el impacto sobre el gasto que tal incremento genera al margen de la contracción económica nacional, del control de precios y de la disminución critica de sus beneficios para la reinversión futura. Tan dantesco desenvolvimiento lo impulsa el “gobierno”, bajo el “argumento” de colaborar con el trabajador en su “lucha” por procurar armonizar el costo de vida (hace referencia a la estimación de los bienes y servicios que los hogares necesitan consumir para lograr cierto grado de satisfacción, equivalente a un determinado nivel de vida) y el poder adquisitivo (se refiere a la cantidad de bienes y servicios que puede conseguirse con una cantidad fija de dinero—salario—en correspondencia a un determinado nivel de precios condicionado por el índice de inflación); conflicto familiar donde irresponsablemente el “gobierno” madurista (y el chavista en general) ha colaborado en muy poco (casi nada) al no haber instrumentado un plan coherente contra el proceso inflacionario ni  desarrollado un programa en favor de estimular el aparato productivo domestico; al punto que el Banco Mundial en su informe anual “Doing Business 2017: Igualdad de Oportunidades para Todos” donde evalúa 190 economías sitúa a  Venezuela en la posición 187 como una de las peores economías del mundo; la cual refleja un déficit fiscal superior al 20% del PIB, un diferencial cambiario cercano al 2.500% (en “beneficio” de los “enchufados”), una inflación que ronda un 800%, una deuda externa de más de $ 130.000 millones, y un largo etcétera;  en un marco caracterizado por el desabastecimiento (cuando existe una disminuida oferta de productos a nivel microeconómico p.ej. supermercados y abastos pero no se consigue una marca o tipo específico) y por la escasez (cuando no existe oferta alguna de ciertos productos en particular a nivel macroeconómico—el país–) siendo que para el caso venezolano del 2016 la escasez de alimentos supera el 65% de los productos básicos; en un ambiente de “oferta nacional” mayoritariamente compuesta de productos importados a precios (obviamente “dolarizados”) inalcanzables para los estratos menos favorecidos y para los  estratos medio-medio y el medio-alto, en el entendido que el alto y los “enchufados” no experimentan escasez y sufrimiento alguno.

Resulta de perogrullo señalar, que en Venezuela no existe seguridad alimentaria (acceso a alimentos suficientes y nutritivos) al extremo que la producción agrícola por habitante (en Miles de Bs/hab) disminuyó desde 169,9 en 1998 hasta 132,9 en 2014 (22%), al tiempo que las importaciones agroalimentarias (en Miles de $/hab) aumentaron desde 70,6 en 1999 hasta 298,1 en 2014 (322%). Vale recordar, que ante tal “desbarajuste” y otros concomitantes, la Asamblea Nacional declaró (febrero 2016) una crisis alimentaria nacional por la falta de suministros a nivel nacional solicitando a la FAO y a la Unicef que enviaran expertos al país para evaluar los riesgos que implica la escasez de alimentos; lo cual desde nuestra visión está propiciando una ¡hambruna! habida cuenta de una oferta marcadamente insuficiente para proveer a la población que ha propiciado una elevación de la tasa de mortalidad como consecuencia del hambre y la desnutrición.

Concluimos con dos citas; otra de Monseñor  Celli en su condición de representante del Vaticano enviado por el Papa Francisco como  acompañante en el aún indefinido diálogo: “Es indudable que la situación está muy fea. No solamente a nivel político, sino a nivel social, económico, no hay comida, no hay medicinas. Es innegable que el país está enfrentando una situación muy difícil”; y una de Monseñor Roberto  Lückert  del 06/11/16 (Obispo de la Diócesis de Coro): “El Vaticano va a tener que darse cuenta de la angustia de la población ante la escasez de alimentos y medicinas, la persecución y el encarcelamiento de los disidentes políticos, y la suspensión del referendo revocatorio”.

@jesusalexisgon