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Publicado en: Destacados, Nacionales
En torno a estas preguntas comenzó el lunes en Nueva York el juicio a los dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro.
Los primos Efraín Antonio Campo Flores, 30 años, y Franqui Francisco Flores de Freitas, 31, están acusados de conspirar para traficar y distribuir 800 kg de cocaína a Estados Unidos.
Fueron detenidos en Haití en noviembre del año pasado por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y trasladados a Nueva York, donde han permanecido casi un año en prisión.
– ¿Superpoderosos? –
En el primer día del juicio, al presentar sus argumentos frente a los 16 jurados en una corte federal del sur de Manhattan, el fiscal Emil Bove dijo que los jóvenes -hijos de hermanos de Cilia Flores- son culpables y se creían hiperpoderosos por estar cerca de Maduro.
“Son los sobrinos de la primera dama venezolana. Creían que eran tan poderosos que podían trasladar casi una tonelada de cocaína de un aeropuerto a otro sin ser detenidos (…). Fueron agarrados con las manos en la masa”, dijo Bove.
El fiscal destacó el “entusiasmo” con el negocio planeado que los dos mostraban en grabaciones con los informantes, en reuniones en Honduras, Venezuela y Haití, y cómo se jactaban de controlar los aeropuertos de su país.
También mostró al jurado una foto de Campo Flores -que fue criado como un hijo por la primera dama venezolana- levantando un supuesto bloque de cocaína en una reunión con informantes de la DEA, según los fiscales para mostrar su pureza.
El joven dijo a los informantes que le habían indicado que la cocaína provenía de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Funcionarios estadounidenses creen que buena parte de la cocaína que se produce en Colombia pasa por Venezuela antes de ser enviada a Estados Unidos y Europa.
– “Una trampa” –
Los abogados de los acusados aseguraron que sus clientes son víctimas de una trampa tramada por la DEA.
“Fue una operación encubierta, un escenario creado para atraparlos. Nunca les encontraron drogas reales”, dijo John Zach, defensor de Campo Flores.
“La conexión política va al corazón de esta operación”, los perseguían “con entusiasmo por ser quienes son, y por el país al que pertenecen”, sostuvo por su lado Michael Mann, abogado de Flores de Freitas.
Los jóvenes mantuvieron varias reuniones en Honduras, Venezuela y Haití con ex y actuales narcos que eran informantes de la DEA, pensando que podrían ganar hasta 20 millones de dólares “a cambio de hacer nada”, de tan “estúpidos”, “novatos” e “inexperientes” que son, dijo Zach.
El abogado dio a entender que hay motivaciones políticas tras la acusación.
“No es un secreto que el gobierno de Venezuela está enfrentado a Estados Unidos. Efraín no es el barón de la droga que el gobierno nos quiere hacer creer”, sostuvo.
“Hubo un puñado de decisiones estúpidas, estúpidas de mi cliente y su primo que no equivalen a una conspiración criminal (…). Efraín y Franqui eran demasiado estúpidos y demasiado inexperientes” para darse cuenta de que esto era una trampa, y “nunca hubieran podido producir 800 kg de cocaína”, añadió.
Los abogados de los primos Flores destacaron que dos de los informantes -un padre y su hijo del cartel de Sinaloa- son unos “grandes mentirosos” y “corruptos” que recibieron más de 1,5 millones de dólares de la DEA para obtener evidencia contra los sobrinos de Cilia Flores.
Mientras trataban de que los sobrinos cayeran en su engaño, los informantes se involucraron en un narcotráfico real de metanfetaminas, cocaína y heroína a Estados Unidos, que fue descubierto por la DEA en abril pasado. Los dos hombres se declararon culpables y están en prisión.
Otro abogado de Campo Flores, Randall Jackson, cuestionó duramente a uno de los primeros testigos, el agente especial de la DEA Sandalio González, uno de los encargados de la operación y quien trasladó a los sobrinos de Puerto Príncipe a Nueva York.
Era el único agente que hablaba español, y obtuvo la confesión de ambos en el avión. Jackson le preguntó varias veces por qué no grabó la confesión con su teléfono y solo sacó notas.
Los acusados, por primera vez vistiendo trajes civiles, escucharon en silencio la traducción simultánea al español. La pena mínima por sus delitos es 10 años de cárcel, y la máxima cadena perpetua.
El veredicto se conocerá al cabo del juicio, que durará unos 10 días.
lbc/llu
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